El tope al precio del alquiler no funciona

En el año 2023, el Gobierno implementó una política de tope al precio del alquiler con la intención de hacer frente a la creciente crisis de vivienda. Sin embargo, un año después, parece que esta medida no está funcionando como se esperaba y es normal cuando se hacen las cosas por capricho sin estudiar las consecuencias.

El objetivo de esta política era claro: proteger a los inquilinos de los precios exorbitantes del alquiler. Pero, ¿se ha logrado realmente este objetivo? La respuesta corta es no. A pesar de las supuestas buenas intenciones, el tope al precio de los alquileres en España ha tenido una serie de efectos secundarios no deseados.

El primero de todos es que ha disuadido a los propietarios de alquilar sus propiedades. Ante la imposibilidad de cobrar un alquiler que consideren justo, muchos han optado por mantener sus propiedades vacías o venderlas. Esto ha reducido la oferta de viviendas en alquiler, lo que a su vez ha aumentado la competencia y, paradójicamente, ha elevado los precios. Esta es una de las principales razones por las que no se están haciendo bien las cosas y las consecuencias están ahora aflorando.

En segundo lugar, ha incentivado a los propietarios a buscar formas de eludir la ley. Algunos han recurrido a cobrar «extras» no regulados, como gastos de mantenimiento o servicios adicionales, para compensar el tope al alquiler. Esto ha llevado a una falta de transparencia en el mercado y ha dificultado la comparación de precios para los inquilinos.

Por otro lado, también se ha desincentivado la inversión en vivienda. Los inversores, al ver limitada su rentabilidad potencial, han optado por hacerlo en otros sectores. Esto ha reducido la cantidad de viviendas nuevas disponibles para alquilar, exacerbando aún más la escasez de oferta.

Y, por último, el tope al precio del alquiler no llega hasta la raíz del problema: la falta de viviendas asequibles. En lugar de limitar los precios, el Gobierno debería centrarse en aumentar la oferta de este tipo de viviendas. Esto podría lograrse a través de una combinación de incentivos para la construcción de residencias accesibles; también reformando las leyes de zonificación e implementando políticas reales de programas de subsidios para inquilinos de bajos ingresos porque la propia política ha demostrado ser ineficaz e incluso contraproducente.

Lo que está claro es que no podemos dejar a nuestros jóvenes (y no tan jóvenes) desamparados ante leyes “bien quedas” de un Gobierno que no sabe hacer, como se suele decir comúnmente, la «o» con un canuto, y que se suele preocupar más por hacer creer a la población que se preocupa por los ciudadanos cuando en realidad solo lo hacen para seguir en el poder cuantos más años mejor sin preocuparse por su propio país.

¿Qué opinas? ¿Crees este tipo de leyes contribuyen a regular el alquiler, o lo empeoran? Cuéntamelo en los comentarios.